Una vez más el Estado responsabiliza a las víctimas de lo ocurrido. La sociedad reclama simplemente que se cumplan con sus derechos: viajar con dignidad.
El servicio de los ferrocarriles se encuentra privatizado siendo subsidiados diariamente con cifras millonarias provenientes de fondos públicos, razón por lo cual es necesaria una mayor exigencia en la calidad de la prestación del servicio.
Evidentemente el proyecto de generar un tren de alta velocidad llamado “tren bala” no condice con la realidad y las necesidades de los ciudadanos, que día a día son agredidos en sus condiciones de vida.
Si bien no compartimos la violencia generada en un sector de la población, el mal trato a la dignidad humana y calidad del servicio parece una provocación a esta reacción.
La seguridad es un concepto que debe ser atendido integralmente.
Los hechos del día de hoy no son más que la consecuencia de la indiferencia, el desconocimiento y la desidia de los responsables políticos de nuestra provincia.
No importa a qué jurisdicción deba rendir cuentas el concesionario de TBA.
No importa que algún representante de la empresa de explicaciones para lo que sucedió en relación con la interrupción del servicio.
No importa, ya, que pueda haber una sanción para ésta empresa.
Lo único importante es que los ciudadanos son maltratados diariamente y no son considerados personas.
Nuestros conciudadanos son agredidos permanentemente por servicios mal prestados, por la ausencia de un estado que les niega la posibilidad de acceder a sistemas públicos dignos en salud, educación, transporte y, por supuesto, seguridad.
¿Qué más tiene que suceder para que el Poder Ejecutivo empiece a gobernar de una vez y atienda debidamente sus obligaciones, comenzando a solucionar los problemas de nuestra sociedad? .-
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